Jornada laboral y horas extras en México: cuando el exceso se convierte en delito
Introducción
La regulación de la jornada laboral en México no es un tema menor: de su cumplimiento depende la salud de los trabajadores, la productividad de las empresas y, ahora también, la responsabilidad penal de los empleadores. Una reciente reforma legal convirtió lo que antes era solo una infracción laboral en un delito de explotación laboral. Esto obliga a empresas, directivos y áreas de recursos humanos a replantear su gestión del tiempo de trabajo.
Fundamentos legales de la jornada laboral
La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece límites claros:
Jornada diurna: de 6:00 a 20:00 horas, máximo 8 horas diarias (48 semanales).
Jornada nocturna: de 20:00 a 6:00 horas, máximo 7 horas diarias (42 semanales).
Jornada mixta: combina ambas, siempre que el periodo nocturno no exceda de 3.5 horas, con un máximo de 7.5 horas diarias (45 semanales).
Cualquier exceso debe considerarse hora extra, con pago al 200% por las dos primeras horas y al 300% a partir de la tercera (art. 66 a 68 LFT).
Reforma penal: el exceso como explotación laboral
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas incorporó un cambio crucial.
El artículo 21, fracción IV señala que imponer jornadas que excedan los límites de la LFT constituye delito de explotación laboral.
Esto significa que un patrón que obligue sistemáticamente a laborar más allá de lo permitido, aunque pague las horas extras, puede ser investigado penalmente. Ya no hablamos solo de un conflicto laboral o multa administrativa: se trata de la posibilidad real de enfrentar procesos por trata de personas en su modalidad laboral.
Implicaciones prácticas para las empresas
Responsabilidad penal: los directivos y representantes pueden ser sujetos a procesos judiciales con sanciones severas, incluso privativas de libertad.
Sanciones económicas: además de multas laborales de la STPS, se enfrentan indemnizaciones y posibles reparaciones del daño.
Riesgo reputacional: aparecer vinculado a explotación laboral afecta gravemente la confianza de inversionistas, clientes y autoridades.
Ejemplo práctico:
Una empresa de manufactura que mantiene jornadas de 12 horas continuas durante semanas, aun pagando “dobletes”, podría ser denunciada no solo ante la STPS, sino también ante la Fiscalía General de la República.
Derechos y herramientas del trabajador
Los trabajadores cuentan con mecanismos legales de protección:
Conocer los límites de jornada conforme a la LFT.
Registrar horarios y conservar evidencia (correos, reportes de asistencia, mensajes).
Denunciar abusos ante la STPS o en casos graves acudir directamente a la Fiscalía especializada en trata de personas.
Recomendaciones de compliance para empleadores
Auditoría interna de jornadas y control de asistencia.
Revisión de contratos y reglamentos interiores de trabajo (arts. 422 a 425 LFT).
Capacitación a mandos medios sobre límites legales de jornada.
Implementación de sistemas de alerta en recursos humanos para detectar horas extras recurrentes.
Política de cero tolerancia frente a prácticas de explotación laboral.
Conclusión
La jornada laboral en México dejó de ser un simple tema de recursos humanos y se convirtió en un asunto penal. El incumplimiento no solo genera demandas laborales, sino que puede derivar en acusaciones por delitos de explotación laboral.
Para las empresas y directivos, el mensaje es claro: cumplir con la LFT no solo es un deber jurídico, sino una estrategia de protección penal y reputacional. Invertir en compliance laboral es, hoy más que nunca, la mejor defensa frente a sanciones que pueden poner en riesgo la operación y continuidad del negocio.
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